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Consumo investiga posibles viviendas turísticas que operan sin licencia y que podrían enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros

El Ministerio de Consumo investiga la publicidad de viviendas turísticas sin licencia en diferentes ciudades españolas y envía requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre este tipo de alojamientos.
Consumo investiga posibles viviendas turísticas que operan sin licencia y que podrían enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre potenciales prácticas comerciales desleales relacionadas con viviendas turísticas que estarían operando sin licencia y anunciándose en España a través de plataformas digitales especializadas en el alquiler turístico. La investigación se ha iniciado después de identificar en distintas ciudades españolas un número significativo de este tipo de alojamientos que estarían ejerciendo su actividad sin licencia, lo que constituiría una práctica desleal, en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Según ha señalado la Dirección General de Consumo, estas actividades podrían "generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada". Por este motivo, se ha decidido poner en marcha esta investigación con el objetivo de proteger a las personas consumidoras y usuarias. Para ello, se han enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico con el fin de obtener información sobre las viviendas anunciadas. El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy está haciendo especial hincapié en la actividad y responsabilidad de grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de un número destacado de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Con la información que se obtenga, se estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000€, pudiendo sobrepasar esta cantidad hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Fuente de la información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

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