El Consejo, bajo la presidencia española, y el Parlamento Europeo alcanzaron a finales de septiembre un acuerdo político provisional sobre la propuesta de Directiva destinada a empoderar a los consumidores de cara a la transición ecológica. Su objetivo es mejorar los derechos de los consumidores modificando la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre los derechos de los consumidores. De esta forma, las personas consumidoras dispondrán de la información necesaria para tomar decisiones ecológicas adecuadas y tendrán una mayor protección frente al blanqueo ecológico (greenwashing) y social, además de otras prácticas comerciales desleales.
Aunque el acuerdo mantiene los principales objetivos de la Directiva, introduce algunas mejoras como la inclusión de alegaciones injustas basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lista de prácticas prohibidas, medidas más estrictas contra la obsolescencia temprana, la aclaración de la responsabilidad de los comerciantes en determinados casos y la introducción de un formato armonizado para aumentar la visibilidad de la garantía comercial de durabilidad, así como mejoras en el recordatorio sobre la garantía legal de conformidad.
En particular, los cambios que se incorporan son:
- Mayor credibilidad de las etiquetas de sostenibilidad. Se definen los elementos clave del sistema de certificación en el que deben basarse, a menos que los establezcan las autoridades públicas.
- Mayor transparencia y seguimiento de las alegaciones relacionadas con el futuro comportamiento medioambiental.
- Incorporación de las alegaciones injustas basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lista de prácticas comerciales prohibidas. Los comerciantes no podrán alegar que un producto tiene un impacto medioambiental neutro, menor o mejorado basándose en programas de compensación no verificados.
- Responsabilidad de los comerciantes a la hora de informar (o de no informar) sobre la obsolescencia temprana, las actualizaciones innecesarias de programas informáticos o la obligación injustificada de comprar piezas de recambio al fabricante original. Dichas prácticas se prohibirán, y los comerciantes solo serán responsables si saben cuáles son las características de diseño que dan lugar a tales situaciones.
- Nueva etiqueta armonizada con información sobre la garantía comercial de durabilidad que ofrecen los productores y que incluirá una referencia a la garantía legal de conformidad. Además, en tiendas o sitios web, se mostrará de forma destacada un aviso armonizado para proporcionar información sobre la garantía legal de conformidad.
- Los Estados miembros disponen de un período de transposición de 24 meses para adaptarse a los cambios en la legislación.
A partir de ahora, el Consejo y El Parlamento Europeo deben refrendar y adoptar formalmente el acuerdo provisional alcanzado con este último.
Fuente de la información: Ministerio de Consumo