Se trata de una reforma de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que persigue adaptar la normativa a las nuevas formas de comercio electrónico, y regular comportamientos empresariales perjudiciales.
Con esta reforma, el Gobierno de España otorga al Ministerio de Consumo la competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países, o cuando el infractor no esté localizado en España y también en infracciones que puedan afectar a la unidad del mercado y a la competencia.
- Se perseguirá como práctica desleal la reventa de entradas a espectáculos mediante bots cuando impidan a los consumidores acceder al mercado con normalidad.
- Se prohibirá la publicidad encubierta en redes sociales y en reseñas y comentarios falsos sobre productos en Internet.
Otro aspecto relevante de este anteproyecto es que España desarrolla por primera vez su régimen sancionador para disuadir el fraude a los consumidores. La intención es que las multas derivadas de los fraudes sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, como exige la Unión Europea.