El Gobierno de España ha aprobado la prórroga hasta el 31 de octubre de las medidas del llamado "escudo social" que expiraban el 9 de agosto, manteniendo el compromiso con la protección de las personas consumidoras más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de la protección de la vivienda. Entre las medidas prolongadas están la garantía del suministro de agua, electricidad y gas natural, así como la protección de las personas consumidoras vulnerables frente a la interrupción del suministro eléctrico y a través de la obtención del bono social de electricidad.
En relación con la vivienda, seguirán vigentes hasta el 31 de octubre las medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, incluidos aquellos que no se deriven de contratos de arrendamiento cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.
El plazo para solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, también se amplía, igual que los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
La solicitud de compensación a arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real Decreto-ley 11/2020 podrá ser presentada hasta el 30 de noviembre.
Proyecto de ley que actúa sobre la retribución del Co2 no emitido
Asimismo, el Gobierno remitirá a las Cortes, para su tramitación urgente, el Proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del Co2 no emitido del mercado eléctrico.
Según la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, estas reformas -junto con el resto de normas ya planteadas en un ámbito tan complejo como el de la energía- descansan en el principio de que "los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables". En este sentido, ha recordado la vigencia de la rebaja temporal del IVA o la suspensión del impuesto a la generación.
La previsión es que la entrada en vigor de esta norma permita obtener 625 millones de euros para cubrir costes del sistema eléctrico, incrementar las partidas disponibles para proteger a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social y rebajar la factura final de todas las personas consumidoras.