Dado que la tramitación de las medidas cautelarísimas supondría que no se dé traslado del recurso a la Xunta, el tribunal ha acordado que se continúe su tramitación como una pieza ordinaria de medidas cautelares. De esta forma, se pretende "no hurtar a la Administración la posibilidad de hacer alegaciones y de atender a la petición subsidiaria efectuada por la parte actora".
Asimismo, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG entiende que “no concurre el requisito de la urgencia”, indispensable para adoptar la medida cautelarísima demandada, "ya que no se ha acreditado el concreto perjuicio infligido a la asociación hostelera recurrente ni su carácter de irreparable".
El alto tribunal gallego destaca que, en todas las medidas adoptadas por la Xunta, "subyace el interés en evitar la aglomeración de personas, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisiones existentes, procurando garantizar su contención". El tribunal señala también que todas las limitaciones "vienen avaladas por informes de autoridades sanitarias y de un comité científico".
Asimismo, los magistrados resaltan que las medidas adoptadas tienen "un evidente fundamento sanitario, dados los riesgos de transmisión de una enfermedad contagiosa como es la COVID-19" y subrayan que "nos encontramos antes unas medidas de prevención que se adoptan en un contexto de emergencia de salud pública". Además, advierten de "la preocupante evolución del número de contagios en estos últimos días en el área geográfica a la que se extienden las medidas cuestionadas, afectando de forma predominante a los jóvenes, que es el grupo poblacional que frecuenta en mayor medida las discotecas y demás locales de ocio nocturno, así como las cafeterías, restaurantes y bares".