Según una encuesta del Eurobarómetro, el 77% de los consumidores preferirían reparar sus dispositivos antes que sustituirlos por unos nuevos. Sin embargo, tienen que comprar otros o tirarlos, debido a los costes de reparación y a la falta de los servicios prestados. Además, según pone de manifiesto el Parlamento Europeo, la obsolescencia dificulta el consumo sostenible ya que algunos productos se diseñan para fallar después de cierto tiempo o cantidad de uso y, en algunos casos, los componentes de los dispositivos están fijados de tal manera que no se pueden sustituir. Así, el Parlamento advierte de que las reparaciones de los productos electrónicos beneficiarían al medioambiente ya que se reduciría el uso de recursos, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía. En este sentido, cabe señalar que solo en 2017 se recogieron más de 3.5 millones de toneladas de residuos electrónicos y únicamente se recicló el 40%. Con estas cifras, la electrónica ya se ha convertido en la fuente de residuos que más crece en la Unión Europea (UE).
Por eso, el Parlamento Europeo lleva más de diez años trabajando en favor del derecho a reparar de los consumidores y ha realizado una serie de propuestas a la Comisión Europea para que los consumidores puedan reparar sus productos de forma sistemática, rentable y atractiva.
Entre las medidas que el Parlamento va a demandar en la próxima propuesta legislativa destacan los incentivos para que los consumidores opten por la reparación, en lugar de la sustitución de los productos. Pretende también que los fabricantes faciliten información transparente sobre la reparación y el mantenimiento y garanticen las actualizaciones informáticas durante un periodo mínimo de tiempo. Asimismo, solicita que los dispositivos deben ser más duraderos, fáciles de reparar e incluir piezas que se puedan quitar y remplazar. Todo ello, a través de unas normas europeas, de información al consumidor, armonizadas y con las que se dote de mayores garantías a los bienes y servicios.
Por su parte, la Comisión ha propuesto actualizar las normas de la UE en materia de protección de los consumidores a fin de capacitarlos para la transición ecológica. Estas normas garantizarán que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y respetuosas con el medio ambiente cuando compren productos. Los consumidores tendrán derecho a saber durante cuánto tiempo está previsto que dure un producto y, en su caso, cómo puede repararse. Cuando los productos utilicen energía, los vendedores también deberán informar cuando los productores no hayan facilitado ninguna información sobre una garantía comercial de durabilidad.
Del mismo modo, deberá facilitarse información sobre las reparaciones, como la puntuación de reparabilidad (en su caso) u otra información pertinente facilitada por el productor, como la disponibilidad de piezas de recambio o un manual de reparación. En el caso de los dispositivos inteligentes y los contenidos y servicios digitales, también habrá que informar al consumidor sobre las actualizaciones de software facilitadas por el productor. Además, se reforzarán la protección de los consumidores frente a declaraciones medioambientales poco fiables o falsas, ya que se prohibirá el “blanqueo ecológico” (greenwashing) y las prácticas que les inducen a error sobre la durabilidad de los productos. En cualquier caso, la información debe proporcionarse antes de la compra y de forma clara y comprensible.
En concreto, la Comisión ha propuesto modificar la Directiva sobre los derechos de los consumidores y la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales con el objetivo de ampliar la lista de características del producto sobre las que un comerciante no puede engañar a los consumidores, incluyendo en ella el impacto medioambiental o social, la durabilidad y la reparabilidad. Se añaden también nuevas prácticas consideradas engañosas tras una evaluación caso por caso, como hacer una declaración medioambiental sobre comportamientos medioambientales futuros sin metas ni compromisos claros, objetivos y verificables, y sin un sistema de supervisión independiente. Estas modificaciones tienen por objeto garantizar la seguridad jurídica de los comerciantes, pero también facilitar la aplicación de la legislación en los casos de “blanqueo ecológico” (greenwashing)y de obsolescencia temprana de los productos. Además, al garantizar que las declaraciones medioambientales sean justas, los consumidores podrán elegir productos que sean realmente mejores para el medio ambiente que los de los competidores.
Las propuestas de la Comisión se debatirán en el Consejo y en el Parlamento Europeo. Una vez adoptadas e incorporadas a la legislación nacional de los Estados miembros, los consumidores tendrán derecho a las vías de recurso en caso de infracción, incluido el procedimiento de recurso colectivo previsto en la Directiva sobre acciones de representación.
Fuente: Parlamento Europeo y Comisión Europea