El Ministerio de Consumo ha anunciado recientemente la creación de una nueva Subdirección General para el estudio, vigilancia, inspección, desarrollo y aplicación de la competencia sancionadora del Estado ante fraudes masivos de consumo, una competencia que hasta ahora tan solo tenían las comunidades autónomas. Además, el Ministerio podrá multar a empresas que no estén localizadas en España, como suele ocurrir en las infracciones relacionadas con el comercio electrónico. Con esta medida se pretende modernizar la normativa española y garantizar que las relaciones de consumo se desarrollen en términos de justicia social, igualdad y sostenibilidad, adaptando la protección de la ciudadanía a los retos presentes y futuros, a los nuevos valores y a patrones sociales emergentes.
Según ha señalado el ministro de Consumo, por primera vez en la historia de nuestro país, el Ministerio podrá tener un instrumento que refuerza, mejora y amplía esta capacidad sancionadora y que evitará que se produzcan en España caso como el de Dieselgate que llegó a afectar a los resultados de los controles de emisiones contaminantes de 11 millones de vehículos diésel y que -a diferencia de otros países- en España no se llevaron a cabo sanciones administrativas. En este contexto, el ministro ha recordado que la capacidad sancionadora del Gobierno entró en vigor el pasado 28 de mayo con el objetivo de regular comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras.
>>> Fuente de la información: Ministerio de Consumo.