Madrid, 21 de marzo de 2024. El Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado una ‘Guía de Comunicación Sostenible’ que bajo el título "Cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas" ofrece información detallada para identificar el greenwashing así como la legislación que regula esta materia. Según la Secretaria General de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, con esta guía se pretende poner a disposición de la ciudadanía y las empresas un instrumento útil para facilitar el desarrollo de políticas de comunicación sostenible adecuadas. Para ello, se facilitan las claves sobre cómo incluir información medioambiental correcta en las estrategias y campañas comerciales con el fin de que las personas consumidoras puedan elegir aquellos productos que permitan avanzar hacia un consumo más sostenible.
Buenas prácticas para alegaciones medioambientales
- Lenguaje claro, simple y específico. Evitar el uso de conceptos generales.
- Información relevante y útil.
- No ocultar información.
- Información actualizada.
- Alegaciones comparativas justas.
- Información sustentada en estudios.
- Objetivos a futuro avalados por planes solventes y con capacidad para ser llevados a cabo.
- No poner como ventaja algo que exige la ley.
- Sellos basados en sistemas de certificación.
Sanciones por alegaciones medioambientales falsas o no verificables
La guía advierte también de que si una empresa presenta alegaciones medioambientales no verificables sobre un producto esto podría ser considerado una práctica desleal y, por lo tanto, estaría infringiendo el artículo 47.1.m del Real Decreto Legislativo 1/2007. Como consecuencia, la empresa podría ser sancionada con multas de hasta 100.000 euros, e incluso sobrepasar esa cantidad hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica desleal. Igualmente, incluye información sobre distintos cambios legislativos que se introducirán próximamente a través de la Directiva 2024/825 sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y de una propuesta de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas (“Green Claims”).
Otros datos destacados de La ‘Guía de Comunicación Sostenible’
- El 80% de las páginas webs, tiendas online o anuncios llevan alegación medioambiental. Estos certificados influyen positivamente en las compras del 72% de los españoles.
- El 42% de las alegaciones medioambientales son dudosas y el 57,5% no dan información suficiente para ser verificadas.
- Cerca del 80% de los españoles se muestra muy o bastante preocupado con la amenaza del cambio climático, y nueve de cada diez europeos lo consideran un problema grave.
España inicia el trámite para crear la primera ley orientada exclusivamente al consumo sostenible
Para dotar del marco normativo que permita el desarrollo de un consumo más sostenible y una adecuada protección de las personas consumidoras para la transición ecológica, el Gobierno de España ya ha comenzado a tramitar la Ley de Consumo Sostenible. Sería la primera normativa de nuestro país orientada únicamente a fomentar el consumo sostenible y con ella se pretende luchar firmemente contra el blanqueo ecológico o greenwashing. Esto es, aquellas alegaciones medioambientales engañosas o que no tienen respaldo científico que son utilizadas por algunas empresas para anunciar sus marcas como sostenibles cuando en realidad no lo son. Esta ley también tiene previsto crear un índice de reparabilidad que permita comparar las características de sostenibilidad en el etiquetado de los productos. De esta forma, las personas consumidoras dispondrán de más información antes de decidir su compra. Igualmente, incluirá el derecho a reparar como principio básico, fomentando la reparación frente a la compra de productos nuevos siempre que sea posible. Además, cuando se elija la opción de reparar un producto, la garantía deberá ampliarse. Se pretende así evitar que los productos sean desechados de forma prematura y contribuir al desarrollo de una economía sostenible. Desde el Ministerio Derechos Sociales, consumo y Agenda 2030 señalan que se va a legislar para que el acceso a los productos sostenibles sea un derecho fundamental y no dependa de los ingresos de las personas.
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