Madrid, 7 de enero de 2025. El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia con la que se reforma la organización judicial, se introducen acciones colectivas en defensa de los consumidores y se promueven métodos alternativos de resolución de conflictos. La nueva norma -con la que se quiere acercar el sistema judicial a la ciudadanía- reemplazará los actuales juzgados unipersonales y oficinas de justicia en municipios pequeños y zonas rurales con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar trámites procesales desde su localidad sin necesidad de desplazarse al tribunal de instancia.
De esta forma, se crearán tribunales de instancia que reemplazarán a los actuales juzgados unipersonales, así como la creación de oficinas municipales de justicia que sustituirán a los juzgados de paz. Además, está previsto la creación de oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de instancia. Con todo ello, se pretende favorecer la especialización, la unificación de criterios procesales y mejorar la distribución de las cargas de trabajo y el reparto de recursos entre todos los tribunales.
Por otro lado, la nueva normativa incorpora también acciones colectivas para defender los derechos de las personas consumidoras. Con la transposición de la Directiva (UE) 2020/1828, se garantiza que todos los Estados miembros tengan, al menos, un mecanismo procesal efectivo para que las organizaciones de consumidores puedan iniciar acciones contra empresas que infrinjan el Derecho de la Unión en materia de consumo. Igualmente, se introducen métodos adecuados de solución de controversias (MASC) con los que se quiere fomentar la negociación entre las partes de un conflicto y aliviar, así, la carga de trabajo de juzgados y tribunales. En este sentido, hay que advertir que, si bien estos mecanismos ya se contemplan en el ámbito social, ahora el gobierno quiere extenderlos a los campos civil y mercantil apostando por la conciliación privada y facilitando que los acuerdos se incorporen de forma sencilla al sistema jurídico. Para ello, se promoverá la colaboración de abogados, procuradores, notarios y registradores con el fin de reducir los litigios.
Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -Félix Bolaños-, se trata de una iniciativa que representa “un paso decisivo para modernizar el servicio público de justicia, pasando de una estructura propia del siglo XIX a otra que se adapta a las necesidades del siglo XXI”. Igualmente, ha señalado que facilitará el acceso a la Justicia y permitirá que sea “más cercana al ciudadano, sobre todo en ámbitos rurales”.