El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un nuevo expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por presuntas prácticas abusivas hacia inquilinos, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados. Esta es la segunda acción de este tipo impulsada por la Dirección General de Consumo, en el marco de una investigación abierta desde octubre sobre la gestión del alquiler inmobiliario.
La actuación responde a denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas-CECU y organizaciones de consumidores como FACUA y OCU. Según Consumo, las conductas detectadas podrían constituir infracciones graves o muy graves conforme a la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que pueden alcanzar hasta ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Además, el Ministerio continúa su ofensiva contra la publicidad ilícita y la oferta de pisos turísticos irregulares. Ya se ha ordenado el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales en plataformas como Airbnb, y se mantienen abiertos varios procedimientos sancionadores por prácticas engañosas en este ámbito.
En esta línea, el ministro Pablo Bustinduy ha suscrito una colaboración con el Gobierno Vasco para combatir el uso de pisos turísticos ilegales en Euskadi. El acuerdo prevé el intercambio de información entre administraciones y refuerza el control sobre los anuncios que incumplen la normativa.
Con estas actuaciones, el Ministerio reafirma su compromiso con la protección del derecho a una vivienda digna y el cumplimiento de la normativa en materia de Consumo.
>> Fuente de la información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: