El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha abierto un expediente informativo para investigar las denuncias presentadas por usuarios respecto a posibles subidas de precios en los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) coincidiendo con el apagón eléctrico que afectó a buena parte del país el pasado mes de abril.
La actuación del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se centra en aquellas comunidades autónomas donde se declaró formalmente una situación de emergencia nacional o de protección civil. En estos contextos, la legislación vigente prohíbe expresamente a las empresas que aplican precios dinámicos y personalizados –como las plataformas de VTC– modificar al alza sus tarifas como consecuencia de un aumento puntual de la demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.
Esta prohibición fue incorporada a finales de 2024 mediante una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, impulsada por el Ministerio tras los episodios extremos provocados por la DANA de octubre en la provincia de Valencia. A través de un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, se modificó el artículo 20.1.c del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el fin de impedir que las compañías pudieran aumentar sus precios como consecuencia de situaciones de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora.
Por lo tanto, cualquier incremento en las tarifas durante un periodo de emergencia podría suponer una infracción grave en materia de Consumo lo que podría conllevar sanciones de hasta 100.000 euros o el equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido. El expediente informativo permitirá recabar la información necesaria para determinar si se han producido irregularidades y, en su caso, iniciar procedimientos sancionadores.
Fuente de la información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030