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Consumo logra la retirada de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb y detecta otros 55.000 sin licencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reafirma su compromiso con la legalidad y el derecho a la vivienda frente a los intereses de las grandes multinacionales.
Imagen de vivienda, llave y reloj

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha logrado que la plataforma Airbnb, especializada en el alquiler de alojamientos turísticos, retire de su web cerca de 65.000 anuncios sin licencia, tras los requerimientos emitidos por el departamento que encabeza Pablo Bustinduy.

La retirada de estos anuncios se produce después de que la multinacional recurriera judicialmente la decisión del Ministerio, y que la Justicia respaldara las actuaciones de Consumo. Tras estas actuaciones, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 54.728 anuncios activos en la plataforma que no cumplen con la obligación de incluir el número de registro oficial, tal y como establece la legislación vigente desde el pasado 1 de julio. 

Ahora, el Ministerio trasladará la información recabada a la plataforma para que proceda, conforme al ordenamiento jurídico, a la retirada o subsanación de los anuncios irregulares. 

El archivo digital elaborado por Consumo incluye, además, información detallada sobre los anuncios: el tipo de alojamiento (habitación o vivienda completa), su localización geográfica (municipio, provincia y comunidad autónoma), así como los datos disponibles de los anfitriones.

Con esta actuación, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reafirma su compromiso con la defensa del marco legal y del derecho constitucional a una vivienda digna, situando el interés general por encima de los beneficios de las grandes plataformas digitales.

En esta línea, la Unidad de Análisis de Consumo continuará sus labores de vigilancia, detección y denuncia de anuncios potencialmente ilegales en las principales plataformas digitales de alojamientos turísticos, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y promover un acceso justo y regulado al mercado de la vivienda.

Fuente de información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

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