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La Justicia avala, por segunda vez, las actuaciones de Consumo para retirar anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la legalidad de las resoluciones que obligaron a la retirada de miles de anuncios de viviendas turísticas que incumplían la normativa en materia de licencias y protección de los consumidores.
avión despegando, isla con palmera y sombrilla y edificio de apartamentos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a respaldar las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, mediante la Dirección General de Consumo, que obligaban a la plataforma Airbnb a retirar miles de anuncios de viviendas turísticas que incumplían la normativa vigente. 

En esta ocasión, el TSJM ha desestimado el recurso interpuesto por la multinacional contra las medidas cautelares que exigían la retirada de 34.728 anuncios publicados sin el número de licencia correspondiente o sin indicar la naturaleza jurídica del arrendador. Se trata del segundo pronunciamiento judicial favorable a Consumo, tras el auto dictado en mayo en relación con otros 5.800 anuncios.

En total, el Ministerio instó a la retirada de 65.000 anuncios irregulares, que Airbnb eliminó de su plataforma en julio, tras las resoluciones dictadas por Consumo y el primer aval de la justicia. Estas actuaciones se fundamentan en tres incumplimientos principales:

  • Ausencia del número de licencia o registro en los anuncios.

  • Uso de números de licencia falsos o incorrectos.

  • Falta de información sobre si los arrendadores son profesionales o particulares (naturaleza jurídica de los arrendadores), necesaria para la adecuada protección de los consumidores.

Además, Consumo mantiene abiertos expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos y agencias inmobiliarias por posibles prácticas engañosas y abusivas.

Estas medidas forman parte del compromiso del Ministerio de contribuir a hacer frente a la crisis de la vivienda y garantizar el respeto a los derechos de las personas consumidoras. Como ha reiterado el ministro Pablo Bustinduy: “ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”.

Fuente de la información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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