El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado recientemente una acción coordinada de 16 asociaciones de consumidores de 12 países de la Unión Europea contra siete aerolíneas low cost. Con esta acción se pretende impedir el cobro de cargos adicionales por el transporte de equipaje de mano, una práctica que, según las entidades denunciantes, vulnera la legislación europea de protección al consumidor.
Este anuncio ha tenido lugar en la sede en Bruselas de BEUC (la Organización Europea de Consumidores, por sus siglas en francés), y ha contado con el respaldo de asociaciones de consumidores de países como Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Grecia, Polonia o Noruega. Junto con España, estas organizaciones han decidido presentar denuncias ante sus respectivas autoridades nacionales de Consumo contra las compañías Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian Airlines, Volotea, Transavia y Wizzair.
La iniciativa europea toma como referencia la actuación llevada a cabo en España por el Ministerio de Consumo, que en 2023 impuso sanciones a cinco aerolíneas por estas prácticas. El director general del BEUC, Agustín Reyna, ha subrayado que la acción española “ha servido de inspiración” para promover una respuesta coordinada en el conjunto de la UE. “España ha marcado el camino y ha demostrado que los abusos empresariales en el sector aéreo pueden y deben ser sancionados”, ha señalado.
Reclamaciones ante las autoridades nacionales y europeas
Además de las denuncias a escala estatal, BEUC - que representa a 44 organizaciones de 31 países europeos- ha formalizado una denuncia ante la Comisión Europea y la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), solicitando una investigación sobre estas prácticas en el conjunto del mercado europeo. Entre los comportamientos denunciados figuran el cobro por llevar equipaje de mano en cabina, la obligación de pagar por seleccionar asientos contiguos en el caso de menores o personas dependientes, la prohibición de pagar en efectivo, el coste por imprimir la tarjeta de embarque y la falta de transparencia en la presentación de precios.
Durante su intervención, el ministro Bustinduy ha calificado esta acción europea como una gran noticia para los derechos de las personas consumidoras. Asimismo, ha advertido que, desde el inicio, España dejó claro que sería la primera en actuar, pero no la única y ahora vemos cómo esta defensa se amplía a nivel continental. El ministro ha instado a las personas consumidoras “a hacer valer sus derechos frente a los intereses económicos de las grandes multinacionales y apoyarse en las organizaciones de personas consumidoras”. En este sentido, ha reivindicado el papel de las organizaciones de consumidores como aliadas fundamentales para garantizar una economía más justa.
La base jurídica de esta actuación se encuentra en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2014, que prohíbe expresamente imponer cargos adicionales por el transporte de equipaje de mano siempre que cumpla condiciones razonables de tamaño, peso y seguridad.
Fuente de la información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.