La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que recomienda que las nuevas normas sobre seguridad de los productos en España se adapten a las pequeñas y medianas empresas (pymes), incorporando medidas específicas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones administrativas y técnicas.
Entre las medidas propuestas, la CNMC sugiere la elaboración de guías interpretativas claras, la prestación de asesoramiento técnico, un acceso simplificado a las normas técnicas europeas y la posibilidad de cumplimiento conjunto de determinadas obligaciones. La Comisión recuerda que, en la actualidad, las pymes asumen el 59% de los costes de cumplimiento en materia de seguridad.
Asimismo, y siguiendo el modelo del Reglamento de Servicios Digitales, la CNMC plantea graduar las obligaciones de las plataformas digitales en función de su tamaño e influencia, con el objetivo de evitar exigencias desproporcionadas para los operadores de menor dimensión.
Estas recomendaciones forman parte del informe relativo al proyecto de real decreto sobre seguridad general de los productos, que adapta la normativa española al Reglamento (UE) 2023/998. La CNMC valora positivamente esta actualización, dado que contribuye al buen funcionamiento del mercado interior europeo y favorece una competencia más leal al exigir que todos los operadores, incluidos los procedentes de terceros países y del comercio electrónico, asuman los mismos costes de seguridad (ensayos, trazabilidad y documentación técnica).
El informe destaca además las principales novedades del proyecto, entre ellas la inclusión de los riesgos asociados a la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y los productos conectados, así como nuevas obligaciones para las plataformas digitales, que deberán actuar activamente en la retirada de productos inseguros y en la trazabilidad de los vendedores.
La norma también refuerza la vigilancia del mercado mediante inspecciones encubiertas (“mystery shopping”) y permite la retirada de contenidos en entornos digitales. Además, establece la obligación de conservar la documentación técnica durante diez años con el fin de mejorar la trazabilidad de los productos, y refuerza los derechos de los consumidores, quienes podrán optar entre la reparación, la sustitución o el reembolso ante productos inseguros.
Este proyecto actualiza la normativa española aplicable a los productos no armonizados, como muebles, ropa, calzado, artículos deportivos o utensilios domésticos, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad y transparencia en el mercado.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)