El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha ordenado a la plataforma Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de viviendas turísticas que contravienen la normativa autonómica vigente en materia de publicidad de alojamientos. La actuación se dirige a la filial en Irlanda de esta compañía, responsable de la gestión de la plataforma en Europa. La medida responde a la detección, por parte del Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy, de anuncios publicados sin cumplir los requisitos legales establecidos por diversas comunidades autónomas. En todos los casos analizados se trata de anuncios relativos a viviendas completas, no a habitaciones individuales.
Ratificación judicial de la actuación administrativa
Airbnb recurrió judicialmente las resoluciones dictadas por Consumo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha avalado la legalidad de la primera resolución emitida por el Ministerio y ha ordenado a la plataforma la retirada inmediata de 5.800 anuncios correspondientes a viviendas situadas en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Hasta la fecha, la Dirección General de Consumo ha emitido tres resoluciones instando a Airbnb a retirar los anuncios ilegales detectados en su plataforma, requerimientos que siguen en vigor a la espera de resoluciones judiciales sobre los restantes recursos.
Fundamentos jurídicos de la actuación
El Ministerio ha justificado la ilegalidad de los anuncios en base a tres incumplimientos principales:
Ausencia de número de licencia o registro, exigido por la normativa de varias comunidades autónomas y considerado la infracción más frecuente.
Falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador. Conocer si el arrendador es un profesional o una persona particular es un elemento esencial para determinar si el consumidor está protegido legalmente.
Publicidad con números de licencias no verificadas o inexistentes, lo que puede inducir a engaño a las personas consumidoras.
Compromiso con la legalidad y el derecho a la vivienda
El ministro Pablo Bustinduy ha manifestado la voluntad del Gobierno de colaborar activamente con las administraciones públicas competentes para frenar la proliferación de alojamientos turísticos ilegales, garantizar el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores. En este sentido, ha subrayado que la acción de Consumo se articula como complemento a las actuaciones que puedan llevar a cabo otras autoridades estatales, autonómicas o locales. Para ello, la Unidad de Análisis de Consumo del Ministerio está recopilando información sobre la situación del mercado de alquiler turístico y facilitando apoyo técnico a otras administraciones que deseen actuar en el mismo sentido.
En este contexto, el ministro de Consumo se ha trasladado a la ciudad de Gandía para reforzar la cooperación institucional con este ayuntamiento en la lucha contra la proliferación de viviendas turísticas anunciadas de forma ilícita. Durante su visita, ha mantenido un encuentro con el alcalde, José Manuel Prieto, con quien ha abordado las consecuencias sociales del crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos. Igualmente, ha instado al govern de la Generalitat Valenciana, presidido por Carlos Mazón, a ejercer sus competencias y actuar con determinación ante el fenómeno de la publicidad ilegal de viviendas turísticas. El ministro ha solicitado que se inspeccionen los inmuebles que operan fuera del marco legal, se proceda a su cierre cuando se detecten infracciones y se sancione a las empresas responsables.
Otras actuaciones en curso
Cabe recordar que la Dirección General de Consumo abrió en diciembre de 2024 un expediente sancionador a una plataforma digital por no incluir el número de licencia en los anuncios. Asimismo, en febrero de 2025 se incoaron expedientes sancionadores a grandes gestoras de alquiler turístico por no informar correctamente sobre la condición profesional o particular del arrendador. Estas actuaciones siguen su curso de manera independiente a las medidas anunciadas contra Airbnb. Además, el pasado 27 de marzo se abrió otro expediente sancionador a una gran inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas contra inquilinos, en línea con el compromiso del Ministerio de reforzar la protección de las personas consumidoras en el ámbito de la vivienda.
Fuente de la información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Airbnb / Valencia)