El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha suscrito una carta dirigida al sector de la aviación con el objetivo de frenar las prácticas de greenwashing (o ecopostureo) por parte de las compañías aéreas. Esta iniciativa internacional, respaldada por autoridades de consumo de 35 países, busca reforzar el cumplimiento de la normativa de protección de las personas consumidoras frente a mensajes comerciales que induzcan a error sobre el impacto medioambiental de los servicios prestados.
La acción se enmarca en el trabajo conjunto de la Red Internacional de Protección y Cumplimiento de los Derechos de los Consumidores (ICPEN, por sus siglas en inglés), organización que agrupa a más de 70 autoridades competentes en la materia a nivel mundial. En el caso de España, la participación está liderada por la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy.
Además de España, la misiva ha sido firmada por 16 autoridades de consumo de países como Bélgica, Dinamarca y Noruega, en Europa; Colombia, Chile y Perú, en América Latina; y varios Estados de África Oriental y Austral integrados en la unión aduanera COMESA, entre ellos Kenia, Angola y Etiopía.
Recomendaciones dirigidas al sector aéreo
La carta enviada a las compañías aéreas recuerda la obligación de garantizar que sus mensajes publicitarios en materia medioambiental sean veraces, claros, precisos y basados en pruebas científicas sólidas y contrastables. Entre las principales recomendaciones, se insta a:
Evitar el uso de términos vagos o ambiguos como “ecológico” o “sostenible” sin una justificación técnica que respalde su veracidad.
No exagerar los beneficios medioambientales derivados de mejoras menores en los servicios ofrecidos.
Comunicar de manera transparente las limitaciones, incertidumbres y el impacto real de los mecanismos de compensación de emisiones de carbono.
Abstenerse de presentar aspiraciones futuras, como la neutralidad climática, como si fueran logros ya alcanzados, salvo que se indiquen claramente las medidas concretas adoptadas o en proceso de ejecución.
Asegurar que las referencias al uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés) se expresen de forma precisa, contextualizada y sin inducir a equívocos respecto a su capacidad real para reducir las emisiones de carbono.
Esta actuación colectiva se enmarca en el compromiso del Gobierno de España por garantizar una información transparente, veraz y basada en evidencias, especialmente en sectores estratégicos como el transporte aéreo, donde las decisiones de consumo tienen un impacto directo tanto en el ámbito económico como en el medioambiental.
Fuente de la información: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030