El Gobierno de España se ha mostrado a favor de la propuesta de la Comisión Europea sobre un nuevo Reglamento relativo a la Seguridad General de los Productos que sustituirá a la actual Directiva 2001/95/CE, y con el que se facilitará una aplicación más homogénea de los requisitos de seguridad de los productos vendidos en la Unión Europea (UE).
Así, en la reunión del Consejo Informal de Consumo de la UE celebrada el 24 de septiembre, el Secretario General del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero, señaló el efecto beneficioso del nuevo Reglamento para la seguridad de las personas consumidoras, especialmente, para los más vulnerables. Allí, destacó que, con la nueva propuesta normativa, se persigue facilitar la competencia justa, la libre circulación de productos no armonizados, y estrechar la cooperación entre los Estados miembros. Además, proporcionará nuevas y mejores herramientas para vigilar los mercados y un marco legal actualizado para afrontar los nuevos retos del comercio como, por ejemplo, las responsabilidades específicas de las plataformas de venta online o también llamadas Marketplaces. El Secretario General también puso de manifiesto la necesidad de que exista coherencia entre las distintas normas europeas que también afectan a la seguridad de los productos, como es el caso del Reglamento (UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos.
Cabe señalar que la seguridad de los productos vendidos en línea y los nuevos desafíos que plantea el carácter global del comercio online no es algo que solo preocupe a los Estados miembros. Prueba de ello es que más de 80 países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han alcanzado un acuerdo sobre la necesidad de incluir principios de protección al consumidor en las normas comerciales para las compras en línea. De este modo, la organización Consumers International destaca que este acuerdo requiere que se adopten o mantengan las distintas medidas que prohíban las prácticas comerciales engañosas o fraudulentas que puedan causar daño a los usuarios del comercio electrónico, contribuyendo así al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en un entorno global cada vez más digitalizado.
Por su parte, la Directora General de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Monique Goyens, ha subrayado la importancia que tiene este acuerdo para los consumidores ya que crea voluntad política entre los países para proporcionar información clara a los consumidores y promover la reparación en caso de que algo salga mal. De esta forma, las organizaciones de consumidores esperan que esta política se traduzca en una mayor cooperación entre las autoridades para hacer frente a los desafíos globales como es el de la seguridad de los productos.